Menas de bien

Si no me gusta llamar “centro educativo” a un colegio, mucho menos me gustar llamar “mena” a un niño. El término proviene de la parla administrativa, donde se utiliza el acrónimo MENA para referirse al menor extranjero no acompañado. Los profesionales del sector no lo usamos entre nosotros. La Fundación SAMU acoge a más de 2.000 niños y jóvenes que llegaron a España sin compañía de un familiar adulto. De ellos, la mitad se encuentran en Ceuta, en condiciones seguras, aunque inicialmente precarias. Casi todos ellos son varones, aunque también albergamos a unas 80 niñas de especial vulnerabilidad. Estas cifras, nos convierten en la mayor entidad española especializada en la acogida de menores migrantes. Esa experiencia nos permite aportar luz sobre el fenómeno de la inmigración infantil.

Según nuestras propias investigaciones, nueve de cada diez niños sufrió algún tipo de abuso, peligro o privación antes de cruzar nuestras fronteras. A los que somos padres, nos horrorizaría ver a nuestros hijos en situaciones remotamente parecidas a las que han sufrido ellos. Sin embargo, algunas capas de la sociedad tienen serias prevenciones contra ellos; consideran que su destino natural es la marginalidad o la delincuencia, sin el menor conocimiento de causa.

Criminalizar a estos niños reviste la irracionalidad de tomar el todo por la parte. En algunas televisiones he visto imágenes de adolescentes de tez oscura que cometen actos vandálicos o abiertamente delictivos. Actos reprobables, sin duda, que a pesar de ser muy minoritarios entran en una gran caja de resonancia generando alarma. Pareciera que cuando se trata de menores extranjeros, la culpabilidad sea doble. Se transmite una imagen totalmente descompensada, porque los incívicos son una ínfima proporción en comparación con los miles de niños responsables e industriosos que las entidades educamos con tesón.

En algunas ocasiones, hemos tenido que renunciar a abrir hogares en municipios en los que los vecinos o los gobiernos locales se nos han echado encima escandalizados por la apertura. En la peor de ellas, la Policía Local nos hizo un cordón que nos impedía acceder a nuestro centro recién alquilado ¡Porque no teníamos licencia de obra para cambiar el contador! Racismo puro, que resulta injustificado cuando alguien se toma la molestia de conocer de verdad a los chicos.

Puedo entender que los flujos migratorios incontrolados son un factor de desestabilización para nuestra democracia. También asumo que parte de los españoles están en contra; pero yo sí defiendo que lo decente es dar protección y amparo inmediato a niños (y niñas) en franco desamparo. En las naciones más avanzadas, los menores son sujetos de una especial protección jurídica y social, al margen de cuál sea su procedencia.

Otro argumento poderoso en contra de los menas es el coste que supone para las arcas públicas todo el sostenimiento del sistema de menores. En esto doy la razón al que diga que resulta muy costoso, porque además los gobiernos autonómicos tienen que pechar con un fenómeno europeo con presupuestos regionales. Lo que resulta falaz es que los menas “reciban” más de 4.000 euros al mes, como se nos quiere dar a entender.

Dependiendo de la Comunidad Autónoma y de la tipología del centro (no es lo mismo un centro de primera acogida que un centro psicoterapéutico), el coste de cada plaza varía entre 1.500 euros al mes y los 4.650 euros, aunque el precio más común está alrededor de los 2.500 euros. Lo que nadie ha explicado es la intensidad de servicios que recibe cada niño: alojamiento, pensión completa, educación, transporte, servicios de escolarización, actividades, ropa, enseres, actividades deportivas, celebraciones, etc. Realmente, reciben lo que cualquiera de nuestros hijos, pero con la diferencia de que, además, por cada dos niños acogidos es preciso contar con un profesional cualificado para cuidarles: psicología, pedagogía, trabajo social, auxiliares, cocina, limpieza, mantenimiento, seguridad, monitorización deportiva, enfermería. Son decenas de profesionales por centro para educar a los chicos en la consecución del bien común. Pensemos si hay muchos negocios de hostelería que por, digamos, 70 euros al día den, no ya alojamiento y pensión completa, sino ropa, consulta de psicología, transporte, actividades, peluquería, ropa y todos los servicios auxiliares. En el caso de nuestra organización, además, en situaciones de emergencia organizamos el envío de contenedores, infraestructura e incluso construcción. Un “todo incluido” pero “muy todo”.

Sí considero que las entidades especializadas en menores tenemos el deber de responder de esa inversión al resto de la sociedad. En algunos casos, cuando están mal gestionados, los centros de menores son pensiones donde los niños hacen lo que les viene en gana. Todo lo contrario, los centros de pro tienen la obligación de ser núcleos de fomento de nuevos ciudadanos responsables, productivos y con valores sociales y democráticos.

En SAMU consideramos una obligación el educar a jóvenes que sean luego útiles a la sociedad desde el puesto que les toque desempeñar; máxime por la inversión que ha supuesto cada uno de ellos. Si tras dicha profusión de recursos, el joven cumple 18 y termina tirado en la calle, no sólo supone un drama humano de primer orden, sino que el esfuerzo económico se malogra.

Los niños del sistema de protección tienen todo nuestro cariño y comprensión y además los formamos con determinación para ser útiles, amables y solidarios dentro de la sociedad de la que forman parte. Tenemos la alegría de que tantos y tantos empresarios nos hayan dicho de los chicos en prácticas: “Oye, el niño que me mandaste muy bueno, creo que lo vamos a contratar”. Personalmente, estoy muy orgulloso de mis niños y sé que casi todos triunfarán porque son valientes y trabajadores. Son ambiciosos y les mueve el ideal de una vida mejor. Si les llamáis menas, yo los llamaré menas de bien.

Por Carlos González de Escalada, director general de SAMU