Moussa, El Aib, Jawhari, Aziz, Sidiki y Bamba son los nombres de seis jóvenes migrantes que han conseguido alcanzar el objetivo por el que iniciaron su viaje migratorio, un sueño que se ha hecho realidad gracias a su gran trabajo y al imprescindible apoyo del Programa de Jóvenes Extutelados Migrantes (JEM).

El Programa JEM surge del concierto de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación con entidades sociales, está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y tiene como objetivo proporcionar las herramientas necesarias para la inserción laboral y social de los jóvenes migrantes, con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años, que hayan recibido anteriormente medidas del sistema de protección de menores de la Junta de Andalucía a través de los Itinerarios Personalizados de Inserción.

Gracias al Programa JEM, jóvenes migrantes de las provincias de Córdoba y Sevilla pueden recibir atención integral que cubre las necesidades básicas de alojamiento, manutención, acompañamiento socioeducativo, regularización administrativa e inserción social y laboral, garantizando su transición a la vida independiente en condiciones de seguridad e igualdad.

Moussa, El Aib, Jawhari, Aziz, Sidiki y Bamba han completado su proceso de regularización documental con contratos de diferentes sectores laborales, contribuyendo así a la consecución de los objetivos marcados en su itinerario sociolaboral. Ellos son un claro ejemplo de los extraordinarios resultados que alcanzan los menores acogidos al Programa JEM, un proyecto imprescindible que les ha permitido vivir de manera independiente gracias al esfuerzo y el trabajo invertido, tanto por los jóvenes como por el equipo de profesionales que les ha acompañado desde su llegada a España y, por supuesto, gracias a la financiación de los Fondos Sociales Europeos que apoyan económicamente los programas de autonomía, garantizando una salida segura y digna a todas las personas que emigran en busca de un futuro mejor.

Un joven del programa JEM Sevilla

Desde Fundación SAMU animamos a los chicos que están a punto de alcanzar su emancipación para que sigan el ejemplo de sus compañeros. Para ello, organizamos encuentros y convivencias en las que los jóvenes emancipados tengan la oportunidad de transmitir sus experiencias de primera mano a todos aquellos que están iniciando el mismo proceso que ellos tuvieron que afrontar. Gracias a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y a la financiación de los Fondos Europeos por hacer de los sueños de estos jóvenes una realidad ilusionante.

María Isabel Deu (Barcelona, 1966), vicepresidenta, consejera de Presidencia del Gobierno de Ceuta y responsable del área de Menores, ha vivido en primera línea, como política y como ciudadana, un año convulso para la ciudad tras la crisis migratoria de mayo, cuando más de 12.000 personas cruzaron la frontera en 48 horas

—¿Cómo vivió la crisis de mayo? ¿Qué recuerda de las jornadas del 17 y 18 de mayo, y los días sucesivos?
—Lo vivimos intensamente y con muchísima preocupación. Sobre todo porque no sabíamos qué estaba ocurriendo. En la tarde del 17 de mayo empezaron a entrar personas de forma intensa… A nado… Corriendo. Las calles se fueron llenando de masas de personas mojadas, sin que nadie supiera a qué venían, si estaban de paso o si no… Al día siguiente recuerdo que fue curioso porque los vecinos no salieron a la calle. Los niños no fueron al colegio. Los comercios cerraron. Había miedo, desconocimiento, angustia. Estaba el Ejército… Caminabas por la calle e ibas viendo un devenir de masas de personas. Algunos se agrupaban en un establecimiento de tarjetas de teléfono o de cambio de dinero. También había mucha gente de Ceuta llevando comida y abrigo a quienes habían cruzado, porque había que atender a todas aquellas personas. Según nuestros cálculos fueron más de 12.000 personas.

—Y entre ellos, ¿cuántos menores, según sus cálculos? Las cifras publicadas entonces fueron tan gruesas como entre 1.000 y 3.000.
—1.500, seguro, aunque es imposible tener un registro 100% fiable. Según la Policía, fueron 1.109 los menores filiados, pero había muchos más que no lo fueron, que estaban en la calle, en asentamientos irregulares. Muchos se encuentran allí todavía hoy. Por eso calculamos que fueron más de 1.500.

—¿Cómo reaccionaron las administraciones?
—Como parte del Gobierno de la ciudad, íbamos de camino a Sevilla cuando recibimos la información de lo que estaba pasando. Cuando llegamos a Algeciras en el barco, nos dimos la vuelta. Se creó un comité de crisis del que formaban parte las distintas administraciones. La Guardia Civil dio un dato clave: estaban entrando 90 personas por minuto en la ciudad. Este gabinete empezó a trabajar en distintas soluciones. Los ceutíes entendimos, y entendemos, que lo que se produce es una transgresión del territorio nacional y, evidentemente, el Gobierno central es el que tiene que actuar. El gabinete se tuvo que interrumpir en varias ocasiones porque había que buscar un lugar en el que albergar a todas aquellas personas, organizar su manutención… La capacidad de la ciudad se vio desbordada. Al final, ante la dificultad de que se pusieran al alcance de la ciudad otros espacios o infraestructuras por parte de la Administración del Estado, nos vimos obligados a utilizar el Polígono del Tarajal como lugar de acogida.

—¿Partiendo de cero?
—Habíamos tenido una experiencia previa de uso de ese espacio durante el confinamiento en plena pandemia de Covid-19. Alojamos allí a muchas personas transfronterizas que se habían quedado con la puerta cerrada, a este lado de la frontera, y no podían regresar a su casa. También a menores, más de un centenar, que no querían estar en un recurso y esperaban para cruzar el Estrecho.

—Entonces, emplearon recursos propios para afrontar una crisis que desbordaba por completo a la propia ciudad.
—Sí. También habilitamos espacios deportivos y, después del confinamiento, empezamos a trabajar en las naves del Tarajal para aquellas personas que llegaban por mar pero tenían que ser sometidos a una cuarentena. Esos espacios de cuarentena y de procedimiento de prevención contra el Covid volvieron a entrar en funcionamiento en mayo. Desarrollamos un espacio singular en un albergue en Piniers durante la pandemia, también para poder cumplir los protocolos de Covid, y con la invasión volvimos a ponerlo operativo para albergar a una parte de los menores.

—En aquellos primeros días la labor del Ejército también fue muy valorada.
—Sí, fue fundamental. Nos ayudaron a limpiar, a hacer traslados de camas, mesas para que las personas pudieran comer, cubas de agua para que pudieran lavarse… Fue decisiva aquella labor coordinada. Nos ayudaron a poner en marcha aquellos dispositivos de emergencia.

—¿Cómo ha sido la evolución de esta crisis desde mayo? ¿Qué ha sido de aquellas 12.000 personas que entraron en Ceuta?
—Muchas personas regresaron a su país. Otros obtuvieron el asilo o encontraron, de una forma o de otra, la posibilidad de llegar a la Península o a otros países. En cuanto a los menores, hemos trabajado en muy diversas vías. Una de ellas es la petición a la Administración General del Estado del impulso del Acuerdo Marco entre los gobiernos de España y Marruecos firmado en 2007, y publicado en 2012, donde se hablaba específicamente de que las partes podrán concretar la forma del retorno asistido de los menores, bien para que sean reagrupados familiarmente, bien para que sean protegidos a través de una entidad de protección del país de donde procedan.

—¿Cómo ha sido la aplicación de ese protocolo?
—Para su ejecución se mantuvieron reuniones con diferentes ministerios, principalmente, Exteriores e Interior; y diferentes reuniones y acuerdos con las autoridades marroquíes. Se abordó cómo realizar esos retornos de la mejor manera posible. Y así se acordó una devolución de 15 menores al día para que las familias, en su caso, o las entidades de protección se hicieran cargo de ellos. Así empezamos el retorno asistido un 13 de agosto. A los cuatro o cinco días, a través de una solicitud de habeas corpus que presentaron cinco chicos, ya se produjo una paralización cautelar de los retornos.

—Varias asociaciones denunciaron entonces que se estaban produciendo repatriaciones forzosas.
—Se estaba aplicando un acuerdo marco redactado en 2007 y publicado en 2012 en el que se llega a un acuerdo para el regreso a casa de esos menores. Desde la paralización, ese acuerdo ya no se ha aplicado. Ahora la forma de volver a casa es la repatriación. Pero es un procedimiento muy costoso en el tiempo. Nosotros apostábamos por la máxima protección del menor. No es lo mismo estar en una residencia o una casa donde puedas hacer una vida normal a estar en un pabellón donde no da la luz del sol y donde hay 200 niños que están todos juntos. Hemos hecho más de lo que hemos podido, pero estos espacios son de estancia provisional, no lugares en los que vivir de forma permanente. Entendemos que proteger al menor es que tenga una vida lo mejor posible. Siempre descartando aquellos casos de menores vulnerables, menores, niños o niñas cuya situación se detecta rápidamente al llegar a Ceuta. Esos menores no los contabilizo entre aquellos que creemos que es mejor que vuelvan a casa. No digo que para estar en las mejores condiciones posibles, pero sí para estar mejor que en las calles de Ceuta, en escolleras o en albergues provisionales en el mejor de los casos. El retorno asistido podría ser mejor que el proceso de repatriación.

—¿Cuántos menores extranjeros no acompañados quedan en Ceuta ahora?
—440 niños en los albergues, y 100 ó 120 en la calle.

—¿Cómo intervienen con los que están en la calle? ¿Qué se puede hacer por ellos?
—Los vamos localizando a través de las autoridades locales o los equipos de calle de SAMU. Pero hay muchos que van y vienen de los recursos. Prefieren buscar la manera de llegar a la Península antes que estar en un centro. No todos se atreven a jugarse la vida, eso sí.

—Están tratando de escolarizar a esos menores. ¿Cómo lo hacen?
—Sí, a los que siguen aquí. La escolarización es competencia del Ministerio de Educación. Algunos chicos se han integrado en el sistema educativo ordinario, los que están en edad de estar en el colegio. Algunos de ellos incluso tienen a sus familias enteras en el Tarajal, pues vinieron todos sus miembros durante la crisis migratoria. Otro grupo, jóvenes de 12 a 16, unos 140, se han incorporado a un turno de tarde extra que se ha creado en algunos centros educativos para atenderles.

—¿Diría que la situación derivada de la crisis migratoria ya está bajo control?
—Bajo control creo que ha estado desde el inicio. Lo que sí tenemos es una situación insostenible. Hay menos personas, eso sí. Pero hablamos de 19 kilómetros cuadrados de territorio, gran parte bajo titularidad de Defensa, y 86.000 habitantes. Es insostenible. Nosotros pedimos que Ceuta vuelva a la normalidad, que seamos igual que el resto de territorios de España. Con nuestra diversidad, con nuestros servicios… No queremos que Ceuta sea una prisión para las personas que vienen ni para los propios ceutíes. No queremos que Ceuta se convierta en un espacio de 19 kilómetros cuadrados, con la diversidad que tenemos, para la contención de la inmigración ilegal. No lo queremos los ceutíes, ni lo quieren los melillenses, ni los canarios ni el resto de los españoles.

—¿Qué demandan directamente a la Administración española y la Administración europea?
—Lo que pedimos es una frontera segura. Que no esté en el puerto, sino en el Tarajal. Que haya una entrada en condiciones. Que las personas que pueden entrar, entren, y las que no, que no lo hagan. Y que los que entren puedan salir. Ceuta y Melilla son las dos fronteras de Europa en África. Hay que cuidarlas. Hay que protegerlas. Y hay que crear buenas relaciones con el Reino de Marruecos y una prosperidad compartida, que será buena para todos.

—¿Cree que ha habido avances en este sentido desde la crisis de mayo?
—El 10 de junio el Parlamento Europeo hizo una resolución reconociendo lo que había pasado en Ceuta y cómo se había actuado, también a través de la dotación de fondos europeos. Yo siempre le digo a nuestros interlocutores que solo faltaría que los ceutíes tuvieran que hacer frente con su patrimonio a todos los costes económicos que tiene el proteger y alimentar y cuidar a tantas personas desde el 17 de mayo. Eso siempre ha sido una petición del presidente Vivas a todos los gobiernos: una mejora de la infraestructura de frontera, seguridad, refuerzos de los cuerpos de seguridad del Estado. Y si hay efectivos procedentes de la Unión Europea, muchísimo mejor.

—Aunque no sea una relación diplomática entre iguales, país a país, ¿cómo es la relación entre Ceuta y el Gobierno de Marruecos?
—Como ciudad no mantenemos relaciones institucionales. Pero en agosto tuvimos por primera vez una reunión en la frontera, en suelo español, entre autoridades marroquíes y autoridades ceutíes. Ha sido la primera vez que han reconocido nuestro estatus. No es ninguna tontería.

—Ceuta es una de las ciudades más multiculturales de Europa. ¿Cómo ha vivido la ciudadanía esta situación de crisis excepcional?
—Ceuta es multicultural, con mucha diversidad, pero sobre todo es muy española. La mayoría de las personas que viven en Ceuta, da igual su origen o a quién recen, se sienten españolas. Ceuta ha demostrado que es una ciudad solidaria. Muchos ceutíes acogieron a personas en sus casas. Pudimos reconocerlo el 2 de septiembre, Día de la Ciudad Autónoma, con la entrega de la Medalla de la Ciudad al pueblo de Ceuta, por su compromiso, entrega, madurez y solidaridad a la hora de vivir una experiencia como ésa, sin incidentes, sin problemas. Nosotros queremos que nuestros niños, cuando crezcan, se formen y trabajen para el futuro, no piensen “me voy a Sevilla, me voy a Bilbao”, como pasa con los marroquíes que vienen. Ceuta no puede ser espacio de contención para alguien que viene pero que, además, no quiere estar aquí sino llegar a España o a otros países.

—¿Cree que hay un discurso cada vez más extendido de criminalización de estos menores?
—Aquí tenemos menores desde 1999. Sin embargo, el perfil de los menores que han entrado este año en Ceuta es diferente. Hemos estado con niños y niñas hasta las cuatro de la mañana buscando a sus familias, intentando localizarlas con los teléfonos. Ellos querían volver a casa, lloraban porque querían ir al colegio. Algunos estaban preparando sus exámenes. Otros querían ver a sus familiares enfermos y no se les dejaba volver. Algunos tenían ortodoncias, teléfonos de alta gama… No son el perfil de menor al que estamos acostumbrados. También los había vulnerables, niños que habían sufrido abusos, maltratos, infinidad de situaciones, pero estos son separados inmediatamente.

—¿Viven con miedo al ‘efecto llamada’ o a que puedan repetirse situaciones como la vivida este año cada vez que haya un movimiento legislativo, como por ejemplo la reciente reforma del reglamento de Extranjería?
—Miedo no, porque esto es la cuna de la legión. Fuera de broma, miedo no. Lo que tenemos es el mismo derecho que el resto de los españoles a estar protegidos por quien puede y quien debe, que es el Gobierno de la Nación, y también de la Unión Europea. La colaboración y lealtad de Ceuta es clarísima, gobierne quien gobierne.

—¿Esta crisis es el principal reto político y de gestión al que se ha enfrentado?
—Dentro de la historia reciente, es uno de los hechos más importantes que hemos vivido. Ha sido muy difícil de encauzar, de asimilar y dar respuesta… Por suerte no hemos estado solos, ha estado todo el país a nuestro lado. Muchas personas e instituciones, como SAMU, que de forma inmediata ha venido en auxilio al pueblo de Ceuta, desde el primer día, prestando colaboración y apoyo al pueblo. La situación es crítica y todavía sigue pasando factura. Tenemos que trabajar para que no vuelva a ocurrir.

Si no me gusta llamar “centro educativo” a un colegio, mucho menos me gustar llamar “mena” a un niño. El término proviene de la parla administrativa, donde se utiliza el acrónimo MENA para referirse al menor extranjero no acompañado. Los profesionales del sector no lo usamos entre nosotros. La Fundación SAMU acoge a más de 2.000 niños y jóvenes que llegaron a España sin compañía de un familiar adulto. De ellos, la mitad se encuentran en Ceuta, en condiciones seguras, aunque inicialmente precarias. Casi todos ellos son varones, aunque también albergamos a unas 80 niñas de especial vulnerabilidad. Estas cifras, nos convierten en la mayor entidad española especializada en la acogida de menores migrantes. Esa experiencia nos permite aportar luz sobre el fenómeno de la inmigración infantil.

Según nuestras propias investigaciones, nueve de cada diez niños sufrió algún tipo de abuso, peligro o privación antes de cruzar nuestras fronteras. A los que somos padres, nos horrorizaría ver a nuestros hijos en situaciones remotamente parecidas a las que han sufrido ellos. Sin embargo, algunas capas de la sociedad tienen serias prevenciones contra ellos; consideran que su destino natural es la marginalidad o la delincuencia, sin el menor conocimiento de causa.

Criminalizar a estos niños reviste la irracionalidad de tomar el todo por la parte. En algunas televisiones he visto imágenes de adolescentes de tez oscura que cometen actos vandálicos o abiertamente delictivos. Actos reprobables, sin duda, que a pesar de ser muy minoritarios entran en una gran caja de resonancia generando alarma. Pareciera que cuando se trata de menores extranjeros, la culpabilidad sea doble. Se transmite una imagen totalmente descompensada, porque los incívicos son una ínfima proporción en comparación con los miles de niños responsables e industriosos que las entidades educamos con tesón.

En algunas ocasiones, hemos tenido que renunciar a abrir hogares en municipios en los que los vecinos o los gobiernos locales se nos han echado encima escandalizados por la apertura. En la peor de ellas, la Policía Local nos hizo un cordón que nos impedía acceder a nuestro centro recién alquilado ¡Porque no teníamos licencia de obra para cambiar el contador! Racismo puro, que resulta injustificado cuando alguien se toma la molestia de conocer de verdad a los chicos.

Puedo entender que los flujos migratorios incontrolados son un factor de desestabilización para nuestra democracia. También asumo que parte de los españoles están en contra; pero yo sí defiendo que lo decente es dar protección y amparo inmediato a niños (y niñas) en franco desamparo. En las naciones más avanzadas, los menores son sujetos de una especial protección jurídica y social, al margen de cuál sea su procedencia.

Otro argumento poderoso en contra de los menas es el coste que supone para las arcas públicas todo el sostenimiento del sistema de menores. En esto doy la razón al que diga que resulta muy costoso, porque además los gobiernos autonómicos tienen que pechar con un fenómeno europeo con presupuestos regionales. Lo que resulta falaz es que los menas “reciban” más de 4.000 euros al mes, como se nos quiere dar a entender.

Dependiendo de la Comunidad Autónoma y de la tipología del centro (no es lo mismo un centro de primera acogida que un centro psicoterapéutico), el coste de cada plaza varía entre 1.500 euros al mes y los 4.650 euros, aunque el precio más común está alrededor de los 2.500 euros. Lo que nadie ha explicado es la intensidad de servicios que recibe cada niño: alojamiento, pensión completa, educación, transporte, servicios de escolarización, actividades, ropa, enseres, actividades deportivas, celebraciones, etc. Realmente, reciben lo que cualquiera de nuestros hijos, pero con la diferencia de que, además, por cada dos niños acogidos es preciso contar con un profesional cualificado para cuidarles: psicología, pedagogía, trabajo social, auxiliares, cocina, limpieza, mantenimiento, seguridad, monitorización deportiva, enfermería. Son decenas de profesionales por centro para educar a los chicos en la consecución del bien común. Pensemos si hay muchos negocios de hostelería que por, digamos, 70 euros al día den, no ya alojamiento y pensión completa, sino ropa, consulta de psicología, transporte, actividades, peluquería, ropa y todos los servicios auxiliares. En el caso de nuestra organización, además, en situaciones de emergencia organizamos el envío de contenedores, infraestructura e incluso construcción. Un “todo incluido” pero “muy todo”.

Sí considero que las entidades especializadas en menores tenemos el deber de responder de esa inversión al resto de la sociedad. En algunos casos, cuando están mal gestionados, los centros de menores son pensiones donde los niños hacen lo que les viene en gana. Todo lo contrario, los centros de pro tienen la obligación de ser núcleos de fomento de nuevos ciudadanos responsables, productivos y con valores sociales y democráticos.

En SAMU consideramos una obligación el educar a jóvenes que sean luego útiles a la sociedad desde el puesto que les toque desempeñar; máxime por la inversión que ha supuesto cada uno de ellos. Si tras dicha profusión de recursos, el joven cumple 18 y termina tirado en la calle, no sólo supone un drama humano de primer orden, sino que el esfuerzo económico se malogra.

Los niños del sistema de protección tienen todo nuestro cariño y comprensión y además los formamos con determinación para ser útiles, amables y solidarios dentro de la sociedad de la que forman parte. Tenemos la alegría de que tantos y tantos empresarios nos hayan dicho de los chicos en prácticas: “Oye, el niño que me mandaste muy bueno, creo que lo vamos a contratar”. Personalmente, estoy muy orgulloso de mis niños y sé que casi todos triunfarán porque son valientes y trabajadores. Son ambiciosos y les mueve el ideal de una vida mejor. Si les llamáis menas, yo los llamaré menas de bien.

Por Carlos González de Escalada, director general de SAMU