Un grupo de entidades líderes en el sector de la atención a personas con discapacidad en Andalucía, entre las que se encuentran Fundación SAMU, Auxilia, Fundación Auxilia Sevilla, Aspadifis, Fedema y Federación Predif Sevilla, que suman más de 22.000 personas beneficiarias de forma directa e indirecta, han expresado su “preocupación extrema” por el modo en el que afectará a su futuro y al de las personas que están bajo su responsabilidad la aprobación del nuevo convenio colectivo del sector.

En un comunicado conjunto reclaman a la Junta de Andalucía un incremento del coste por plaza para estos centros asistenciales que evite la quiebra generalizada de todo el sector privado. Estas entidades privadas asumen la atención de más del 80% de las personas con discapacidad en Andalucía en plazas residenciales, centros de educación especial y centros de estancia diurna, entre otros.

El XV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad incluye un incremento medio ponderado de los salarios del 15%. En algunas categorías profesionales, este aumento se sitúa por encima del 20%. Su aplicación deberá producirse en un plazo de tres meses desde la publicación del texto, que es inminente.

A esta subida de los costes salariales derivada del convenio colectivo se suman las consecuencias del incremento del Salario Mínimo Interprofesional.

Las entidades firmantes del comunicado defienden la importancia de que sus trabajadores tengan unas mejores condiciones laborales, pero denuncian que este incremento de los costes salariales es “inasumible” en el escenario que existe en Andalucía sin un incremento en paralelo de la financiación pública.

Las entidades privadas asumen la mayor parte de la prestación de servicios asistenciales a la población en Andalucía, que son responsabilidad de la Administración. Lo hacen con un coste que es muy inferior al asignado para los centros públicos y, para colmo, esas cuantías sufren un desfase del 4% con respecto al IPC desde 2012.

Estas entidades sostienen que, tras la entrada en vigor del convenio colectivo, solo tienen tres alternativas: la declaración masiva de inaplicabilidad de las tablas salariales; el reconocimiento por parte de la Junta de Andalucía de que es necesario reconsiderar el coste plaza de los centros asistenciales en un periodo razonable de tiempo; o el cierre de las empresas y entidades ante la imposibilidad de asumir estos nuevos costes con los ingresos actuales.

Las entidades lamentan la falta de previsión de la patronal sobre las consecuencias reales del convenio, que aboca a la quiebra a los centros, y piden, tal y como ha hecho el propio sindicato UGT-A, que la Administración asuma la responsabilidad no ya con las entidades asistenciales, sino con los propios trabajadores del sector y, en último término, con la calidad de la atención a las miles de personas con discapacidad que dependen de estas entidades.